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¿Qué es el silencio administrativo y cómo nos afecta?

silencio administrativo

Nos guste o no nos guste, vivimos en un sistema, y cada vez que necesitamos algo del mismo, probablemente nos veamos involucrados en algún tipo de proceso burocrático el cual nos demande mucha paciencia y tiempo. En el siguiente artículo, se darán luces acerca de un procedimiento legal que nos puede ocurrir en diversos casos y, que pocas veces, se le da la importancia que este requiere, quizás por falta de conocimiento o asesoramiento, el silencio administrativo.

Concepto

En líneas muy generales, cuando se requiere realizar un trámite legal, lo normal es asesorarse lo mejor posible del tema, luego la persona se dirige a la administración pública para introducir la solicitud del trámite y, posteriormente, se espera a que este respetuoso ente, emita una respuesta. Las administraciones públicas están en obligación de responder a cada procedimiento administrativo, pues al final ese es su trabajo, pero resulta más común de lo que se cree, que a veces los trámites no son respondidos, es en esta situación cuando se habla de Silencio Administrativo.

En otras palabras, es aquel efecto producido por la ausencia de respuesta de parte de la administración pública para la culminación o seguimiento de alguna solicitud o proceso. Esta actitud por parte de la administración desata un sinfín de inquietudes y complicaciones, pues deja un espacio abierto a interpretaciones y suposiciones. Por tal motivo, la ley obliga a ésta a dar respuesta a todo tipo de solicitud o trámite legal que le competa, sin embargo… ¿Cuál es ese plazo?

¿Cuánto tiempo debe pasar para que ocurra silencio administrativo?

Según el artículo 21 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para dar respuesta a una solicitud de cualquier índole, no debe exceder los seis meses. Salvo contadas excepciones, las administraciones públicas deben resolver todo trámite legal en dicho periodo de tiempo.

Las excepciones para que este periodo no se cumpla, son contadas. La más común de las excepciones, es que otra norma interna con rango de ley o una norma con derecho europeo, establezca otro plazo para el caso puntual que se esté tramitando. De ocurrir, debe darse por escrito y con plena antelación notificando a las partes involucradas, sin embargo, una norma interna con rango de reglamento, no puede establecer un plazo mayor a los seis meses que la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, dicta. Si existe un vacío legal para algún caso y por ende no hay normas que delimiten el plazo para que la administración pública emita respuesta, el plazo será de máximo tres meses.

Existen dos grandes tipos de silencios en  administración, los cuales varían de la interpretación y a veces de la conveniencia de quien lo catalogue: el positivo y el negativo.

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¿Qué es el silencio administrativo positivo?

Es el tipo de silencio que ocurre con mayor frecuencia y se determina así, cuando no existe alguna norma con rango de ley que aplique para dicho caso. En otras palabras, este silencio aparece cuando la Administración Pública no ha sido eficiente a la hora de resolver el trámite, en el tiempo que debería haberlo hecho. Eso es algo que escapa de nuestras manos y se considera positivo porque tenemos “la conciencia tranquila” ante el procedimiento. Sin embargo, hay algunas cosas que se deben aclarar ante esta situación.

La primera, es que así haya pasado el plazo, la administración emitirá, más tarde que temprano, una respuesta aclaratoria y positiva a este silencio. Esta respuesta no podrá ser un acto negativo pues la administración no puede justificarse por su negligencia.

La segunda, es que si el acto es de procedencia dudosa o ilícita, la administración pública no dictará una resolución desestimatoria que deje sin efecto el trámite y por el contrario, está obligada a iniciar una revisión de todo el procedimiento, lo cual puede demorar aún más.

¿Cuáles son los pasos a seguir una vez obtenido el acto favorable?

Según la ley 39/2015 en su artículo 24.4, establece que se deberá expedir un certificado por el órgano competente para resolver en un plazo de quince días posteriores al vencimiento del plazo establecido originalmente. Además, dicha ley aclara que la persona podrá pedir el certificado en cualquier momento y la administración u organismo está en la obligación de emitir. De no emitirse este certificado se puede optar por una vía jurisdiccional que obligue a la administración a responder, o, a veces, se podría ser un poco paciente y flexible y esperar más tiempo para que la administración emita su respuesta. Sea cual sea la posición por la que se opte, se debe siempre buscar asesoramiento profesional y de confiabilidad. La mayor parte de actos ilícitos ocurren cuando existe una parte involucrada que lo permite, ya sea por desconocimiento o complacencia.

¿Qué es el silencio administrativo negativo?

Ocurre cuando la administración considera que nuestra solicitud no cumple con los parámetros mínimos para ser aprobada. Tiene cabida cuando la ley o norma de derecho Europeo o internacional aplicable en España así lo determinen. Tal y como se explicó previamente, si no existe norma o ley que determine una negativa directa ante la solicitud que se quiere tramitar y la administración emite el silencio, este pasa a ser positivo.

Algunos casos en los que se puede considerar negativo son los siguientes:

  • En procedimientos que pueden alterar los ecosistemas y producir un impacto negativo con el medio ambiente
  • En procedimientos que tengan relación el ejercicio del derecho de petición, explicado a profundidad en el artículo 23 de la Constitución.
  • En los procedimientos de impugnación de actos y de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.
  • En procedimientos donde se espere la transferencia al solicitante o a terceros de facultades relativas al servicio público o de dominio público.
  • En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas.

¿Qué hacer ante un vacío administrativo negativo?

Lo mejor en estos casos es esperar, pues al final, la administración pública sigue estando en la obligación de dar respuesta ante la solicitud o trámite que se esté realizando. Además, la mayoría de personas no son expertas en leyes y caer en la histeria pensando que es un silencio negativo, es un error que muchos cometen.

Por el contrario, si la persona está segura de que el silencio entra en la categoría de “negativo”, puede interponer el recurso que corresponda por vía administrativa, procediendo como si se tratara de un acto desestimatorio.

Se debe tener presente, que estos procedimientos no son nuevos, se habla de su existencia desde el año 1958, por lo cual, la administración pública conoce a perfección su existencia y procedimientos a fin. Por tal motivo, las leyes en la actualidad favorecen abiertamente a la administración pública y sus procedimientos burocráticos. En otras palabras, la mayoría de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado que caen en silencios administrativos tienden a ser negativos o desestimados. Así lo señala la sentencia 226/2016 del 13 de abril de 2016 del Tribunal Superior de Justicia. Aun así, nunca está demás asesorarse bien pues como se dijo al inicio del artículo, muchas veces el silencio se da por ineficiencia de la administración pública al no ser capaz de emitir respuesta en el periodo de tiempo que debe hacerlo.

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Consideraciones finales

La burocracia es algo de lo que no podemos escapar y ha existido desde los inicios de la República. Forma parte de la naturaleza de los entes públicos y lo único que podemos hacer es sobrellevarla, entendiéndose y actuando con plena conciencia de todas las posibles demoras y situaciones que se podrían presentar ante cualquier solicitud o trámite.

Los silencios administrativos no son más que unas de tantas artimañas que la Ley en conjunto con los entes públicos tiene a disposición para así realizar sus operaciones. Solamente en contados casos será positivo y el resto negativo ¿Cómo determinarlo? Si la solicitud que se entrega ante la administración pública, no viola alguna de las consideraciones previamente explicadas y no existe ley o norma con rango de ley, que dicte explícitamente que nuestra solicitud podría ser perjudicial para el estado, los bienes patrimoniales o el medio ambiente, estamos ante un caso de silencio administrativo positivo, pues se trata de una demora por culpa de la administración pública al no poder cumplir con el lapso de tiempo estipulado por la Ley. En caso contrario, se podría interpretar como un negativo, aunque siempre se puede apelar no sin antes contar con el asesoramiento pertinente.

Se debe recordar que el plazo mínimo que la administración pública tiene para dar respuesta a nuestra solicitud es de 3 meses, salvo algunos casos donde la solicitud entra en algunos casos donde se da un plazo de hasta 6 meses. Si la solicitud es de carácter especial o está directamente vinculada a una ley internacional puede extenderse el plazo aunque estos casos cada vez son menos frecuentes. Si pasa el tiempo y no tienes respuesta lo mejor es esperar un par de semanas más y mientras tanto buscar el asesoramiento pertinente. La información bien aplicada es la mejor arma con la que los ciudadanos podemos contar.

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